Un importante convenio selló esta mañana la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) y la Delegación Presidencial Provincial de Melipilla, mediante una alianza firmada por el Superintendente, Hugo Sánchez Ramírez, y la Delegada, Sandra Saavedra Löwenberger.
El compromiso, permitirá socializar y difundir la normativa de insolvencia, tanto entre los ciudadanos de la provincia como través de los servicios públicos y organizaciones presentes en el territorio.
El convenio, además permitirá a funcionarios de la Superir de contar con un espacio en la delegación para entregar atención presencial- una vez al mes (1er miércoles)- relativo a los Procedimientos Concursales establecidos en la Ley N.º 20.720.
La delegada Sandra Saavedra manifestó que “este convenio cierra un trabajo que ya hemos realizado desde hace un tiempo, tanto a través de los Gobierno en Terreno, y atenciones en nuestras dependencias, donde se entrega asesoría y asistencia personas naturales y empresas, quienes se encuentren aproblemados con sus deudas, y que tengan intención de generar un plan de pago para acordarlo con sus acreedores”.
En este ámbito, añadió que “con estas bases de cooperación, ambas instituciones buscamos fomentar la formación recíproca de los funcionarios, como también ir en apoyo de los usuarios de los distintos programas de la Delegación, acercando la labor de la Superintendencia a la ciudadanía y así, facilitar la renegociación de las personas deudoras”.
Hugo Sánchez señaló que “esta firma nos dará la posibilidad de poder hacer educación financiera, asistir y atender a los ciudadanos, vecinos y vecinas de Melipilla para orientarlos en la posibilidad de renegociar sus deudas, bajar su carga financiera, y en aquellos casos donde no haya viabilidad de solventar un plan de pago en el futuro, la posibilidad de liquidarse en tribunales”.
Destacar que los requisitos para acceder a este procedimiento son tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días, que superen las 80 UF (2.6 millones aprox.). No haber sido notificado de una demanda, ni haber emitido boletas de honorarios en los últimos 24 meses. En definitiva, es una instancia donde las personas que han utilizado esta herramienta han podido establecer acuerdos en un plan de igualdad con sus acreedores, que en general son bancos, instituciones financieras, y casas comerciales, ajustando los pagos o cuotas a sus ingresos reales, aliviando de esta forma su carga financiera.
Es importante tener presente que los procedimientos que culminan exitosamente son aquellos en que el deudor tiene una intención real y seria de cumplir con sus obligaciones, para lo cual debe declarar con transparencia su situación financiera, especificando las deudas contraídas y los bienes que posee y ajustar su propuesta de renegociación a su real capacidad de pago.
Datos suministrados por la Superintendencia dan cuenta que, entre octubre de 2014 y mayo de 2022, se han iniciado más de 37 mil procedimientos a nivel país. En total se registran 6.677 Renegociaciones de Personas Deudores y 30.545 procedimientos judiciales. Estos últimos corresponden a 21.416 a Liquidaciones de Bienes de Personas Deudoras, 339 Reorganizaciones de Empresas Deudoras y 8.790 a Liquidaciones de Empresas.
