El SERNAC inició una fiscalización a nivel nacional a los centros médicos del país para verificar algunas malas prácticas que estarían afectando a los consumidores y pacientes en el aumento del valor del examen PCR para detectar el COVID-19.
La investigación se inició, luego de analizar los reclamos que sindican a diversos centros médicos que están incurriendo en prácticas contrarias a lo establecido en la Circular de la Superintendencia de Salud y Ley del Consumidor, especialmente respecto de la venta atada de otros exámenes o prestaciones.
No obstante, en los reclamos recibidos se ha detectado que el laboratorio exige a la persona una orden médica de un profesional del mismo hospital o centro médico al que pertenece el laboratorio, pese a que la orden de cualquier médico debería servir, con independencia del recinto en el cual se desempeñe.
Además, pese a que el usuario va a practicarse solamente el examen de detección del COVID-19, el laboratorio, hospital o centro médico le exige como requisito practicarse más exámenes, pagar por otros servicios o costos de insumos médicos.
Hay que recordar que el precio del PCR fue fijado por la autoridad de salud en un valor monto máximo de $25.000. No obstante, con este tipo de prácticas, los consumidores indican que terminan pagando más de 80 mil pesos en algunos casos.
Cabe recordar que existe una ley especial para el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que establece estándares más altos en este período y prohíbe expresamente determinadas conductas, como que ciertas empresas condicionen la venta de ciertos bienes “a la adquisición de otras mercaderías”; lo mismo respecto que comercialicen “bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente” o la venta de “artículos alimenticios adulterados o en condiciones nocivas para la salud” (artículo 4 de la Ley 16.282).
El Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar explica que, con la mala práctica de las ventas atadas, además de infringir la ley sectorial, las entidades de salud estarían afectando el derecho a la libre elección establecido en la Ley del Consumidor y que implica que las personas tengan que pagar demás por servicios o prestaciones que no necesita, incluso sin que siquiera se le consulte o contra de su voluntad. “Las ventas atadas son peores en este caso porque se trata de un examen donde está en juego la salud de las personas y la intención de la autoridad al fijar un precio, es que éste se respetara”.
Desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio de 2020, el SERNAC recibió alrededor de 200 reclamos relacionados a la realización del examen PCR. La mayor parte de los casos fue por retardo en la entrega de los resultados (66%); cobros superiores, debido a la inclusión de otras prestaciones (18%); y reclamos sobre la exigencia de una nueva orden de un doctor para el mismo centro médico (5%).
