Chile discute desaladoras, embalses, reformas legales y derechos de agua. Sin embargo, la variable más determinante, cómo funciona realmente cada cuenca, rara vez ocupa el centro del debate público. En pleno siglo XXI, decisiones críticas sobre el recurso siguen tomándose desde la lógica del litigio, mientras los ríos avanzan con una física que no reconoce límites administrativos.
En las últimas tres décadas, más del 80% de quienes han encabezado la Dirección General de Aguas provienen del mundo jurídico, un dato que refleja la mirada legalista con que el país ha enfrentado la escasez.
Es aquí donde Catalina Castro, secretaria general de la Confederación de Canalistas de Chile (CONCA), plantea un giro necesario. “Si queremos seguridad hídrica, tenemos que dejar de administrar conflictos y empezar a gestionar cuencas. La coordinación no es un ideal, es una urgencia en territorios donde todos dependen del mismo río”, afirma.
Su diagnóstico marca el punto de inflexión: más que nuevas obras, Chile necesita decisiones que imiten la lógica del río, integrada, simultánea y basada en información compartida.
Dos cuencas emblemáticas: distintas estructuras, un mismo desafío
En el Maule, la convivencia entre agricultura, generación eléctrica y usos urbanos estuvo durante años marcada por tensiones. El giro no llegó con una obra ni con una reforma legal, sino con la decisión de tratar la cuenca como un sistema: balances hídricos integrados, reglas preacordadas de reparto y acceso común a la información.
Dagoberto Bettancourt, gerente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, resume ese cambio: “La región ha debido convivir históricamente con tres actores permanentes. Mantener el diálogo y los acuerdos operativos nos ha permitido dar estabilidad a una cuenca que riega 200.000 hectáreas y aporta más del 23% de la hidrogeneración del país”.
El hito más reciente fue la renovación del Convenio Colbún–Pehuenche, que consolidó el ahorro de primavera y permitió que la Laguna del Maule iniciara 2025 con niveles que no alcanzaba desde hace 14 años. Un ejemplo de cómo reglas compartidas permiten decisiones más predecibles en años estrechos.
El Aconcagua, en cambio, opera mediante secciones con responsabilidades propias, un diseño que refleja su evolución territorial, pero que dificulta decisiones coordinadas en años secos.
Javier Crasemann, presidente de la Primera Sección, lo resume con claridad “En una cuenca sin infraestructura de acumulación, quienes están aguas arriba solo pueden perder, y quienes están abajo siempre reciben más. Mientras el costo de la sequía no se comparta, será difícil avanzar hacia acuerdos de largo plazo”.
La mirada transversal de la tecnología
Para Emilio de la Jara, CEO de Capta Hydro, el país debe avanzar hacia estándares comunes de medición y gobernanza. “Hay juntas de vigilancia que operan con datos precisos y equipos profesionales, y otras que aún reparten agua con lápiz y cuaderno. Si no emparejamos esa cancha, seguiremos dependiendo del azar de quién administra el río, no de una política de cuencas”, señala.
Chile sigue preguntándose quién posee el agua o qué obra traerá más volumen. La pregunta clave, y la que definirá el futuro hídrico del país, es otra: qué diseño de cuenca puede entregar seguridad, eficiencia y bienestar colectivo en tiempos de sequía permanente.
