Chile discute con frecuencia sobre desaladoras, embalses o reformas al Código de Aguas. En la Región Metropolitana, sin embargo, la pregunta clave es otra: qué ocurre cuando el río Maipo no alcanza para todos y cómo se decide el reparto del agua en una cuenca donde confluyen consumo humano, agricultura, generación eléctrica e industria.
En términos simples, el reparto del agua en Chile se basa en los derechos otorgados por el Estado y en una regla central: la prorrata. Cada titular posee un número de acciones y, cuando el caudal disponible disminuye, todos reciben menos en proporción a lo que les corresponde. No hay ganadores ni perdedores definidos de antemano: hay un ajuste colectivo a una realidad física cambiante.
Carlos Ciappa, abogado experto en Derecho de Aguas, explica que este sistema suele malentenderse. “Los derechos de agua no son fijos en la práctica: el caudal otorgado es un máximo. La propia ley contempla que, cuando el agua no está disponible, esos derechos se ejercen a prorrata, adaptándose a la cantidad real que trae el río o el acuífero en un momento determinado”.
La figura del juez de río
Ese ajuste no se realiza de manera ocasional ni discrecional. En muchas cuencas se ejecuta de forma diaria, e incluso horaria, siguiendo la variación real del caudal, y su aplicación recae en una figura clave y poco conocida fuera del sector: el juez de río.
Su función no es interpretar la ley ni arbitrar conflictos políticos, sino ejecutar el reparto conforme a los caudales disponibles y a los derechos existentes, asegurando que cada acción reciba lo que corresponde en escenarios de abundancia o escasez.
En cuencas de alta demanda como el Maipo, esa tarea se vuelve especialmente exigente. Allí, cualquier descoordinación se amplifica aguas abajo.
Ernesto Veres, juez de río del Maipo, señala que “cuando los caudales comienzan a disminuir, el reparto se sigue ejecutando conforme a los derechos de aprovechamiento y a los acuerdos operativos vigentes. Esto implica ajustar las dotaciones, aplicar repartos cada dos horas durante todo el año y, en escenarios más restrictivos, activar medidas extraordinarias previamente definidas”.
Añade que “cuando no es posible cumplir con la dotación íntegra, el río entra en prorrata, distribuyendo el caudal disponible en proporción a los derechos de cada usuario. En situaciones críticas, se aplican criterios de priorización del consumo humano, cubriendo déficits de agua potable mediante aportes de los demás usuarios consuntivos”.
Aunque el principio de la prorrata es común en todo el país, no todas las cuencas operan igual. En ríos sin capacidad de regulación, el reparto se ajusta casi en tiempo real al comportamiento del caudal; en otros, con mayor infraestructura o acuerdos operativos, la escasez se gestiona con decisiones anticipadas. No existe, por tanto, un único modelo, sino sistemas adaptados a cada cuenca, que comparten una misma base: información confiable y reglas claras.
Para Emilio de la Jara, CEO de Capta Hydro, ese es uno de los principales desafíos del país. “Chile tiene juntas de vigilancia que hacen una labor notable con presupuestos acotados, pero el estándar de medición y gestión varía mucho entre cuencas. Hay quienes hacen balances de caudales 24 horas del día, todo el año, mientras que otros aún reparten agua casi con lápiz y cuaderno un par de veces por temporada”, afirma.
En un escenario de cambio climático y mayor variabilidad hidrológica, entender cómo se reparte el agua deja de ser un tema técnico reservado a especialistas. Es, cada vez más, una discusión pública sobre cómo un territorio como la Región Metropolitana gestiona la escasez sin improvisar y cuán preparado está su principal río para enfrentar un futuro con menos agua disponible.
