Con la proximidad de las celebraciones de fin de año, el pago del aguinaldo de Navidad vuelve a instalarse como un tema central dentro del mundo laboral chileno. Aunque es uno de los beneficios de mayor tradición en el país, su regulación presenta diferencias relevantes entre el sector público y el privado, lo que genera dudas respecto a su obligatoriedad, criterios de pago y efectos laborales.
“En el sector público, el aguinaldo está expresamente regulado por la Ley de Reajuste del Sector Público, normativa dictada anualmente y que establece los montos, requisitos y beneficiarios. Se trata de un beneficio obligatorio, financiado con recursos fiscales y cuyo objetivo es complementar el ingreso disponible de los funcionarios en un período de elevado gasto familiar”, explica Camila Castro, Directora de la Carrera de Contador Auditor del Campus Online de Universidad de Las Américas.
Además, añade que “la ley define montos diferenciados según tramo de remuneración, manteniendo así un criterio progresivo que prioriza a los funcionarios de menores ingresos. Esta estructura se ha consolidado como una herramienta de política pública orientada al bienestar laboral y al fortalecimiento del consumo estacional”.
La académica de UDLA especifica que en el sector privado el aguinaldo no tiene carácter obligatorio, salvo en tres situaciones:
- Cuando se encuentra pactado en un contrato individual de trabajo.
- Si se establece en un instrumento colectivo vigente.
- Cuando se ha configurado una práctica habitual del empleador, entendida como la entrega reiterada del beneficio por un número significativo de años, lo que convierte su pago en una obligación tácita.
Esta falta de regulación general provoca importantes brechas entre trabajadores del sector privado, tanto en acceso al beneficio como en los montos entregados. De acuerdo con especialistas en derecho laboral, la ausencia de un marco normativo común refleja una asimetría que, en períodos de inflación o mayor costo de vida, impacta directamente en los presupuestos familiares.
“Desde una perspectiva técnico-laboral, el aguinaldo cumple un rol dual: es un incentivo ligado al reconocimiento organizacional y también un mecanismo que influye en el clima laboral y la retención de personal. Diversos estudios han demostrado que los beneficios no salariales —como aguinaldos o asignaciones estacionales— mejoran la percepción de equidad interna y fortalecen la relación empleador–trabajador, especialmente cuando su entrega es transparente, predecible y equitativa”, añade la profesional.
A nivel de sistema, la discusión recurrente sobre su obligatoriedad en el sector privado revela la necesidad de generar mayores estándares de claridad jurídica, ya sea mediante reformas, recomendaciones técnicas o mecanismos de autorregulación empresarial. “Para los expertos, avanzar en lineamientos más uniformes no solo disminuiría la incertidumbre contractual, sino que también contribuiría a prácticas laborales más responsables, especialmente en micro y pequeñas empresas, donde la entrega del aguinaldo suele depender de decisiones presupuestarias de corto plazo”, comenta Castro.
El aguinaldo de Navidad continúa siendo un beneficio clave, pero con realidades muy distintas entre sectores. Mientras en el ámbito público se consolida como una herramienta legal establecida y previsible, para el mundo privado su existencia depende del marco contractual o de la voluntad del empleador. “En un entorno económico desafiante, el debate sobre su formalización y estandarización cobra cada vez mayor relevancia para garantizar más certeza, equidad y bienestar para las y los trabajadores del país”, finaliza la experta.
