Junto a varios alcaldes de la RM, la máxima autoridad comunal de Melipilla, Paula Gárate, cuestionó y calificó de insuficiente el actual estado del proyecto de Ley de Seguridad Municipal. Esta ley fue aprobada en general en la comisión unida de Seguridad y Gobierno del Senado. En ese contexto, definieron una serie de propuestas para que sean consideradas en la normativa que sigue siendo discutida.
“Nos juntamos con 15 alcaldes de la Región Metropolitana, como de: Ñuñoa, Vitacura, Isla de Maipo, Calera de Tango y todas las comunas, porque realmente lo que está pasando con la ley que pretende restarle atribuciones a los inspectores municipales, a los patrulleros, a los funcionarios de seguridad pública, es grave para el mundo municipal. Es grave, porque esta nueva ley no tiene propuestas que lo fortalezcan”, afirmó la máxima autoridad comunal.
Agregó que hoy la gente requiere seguridad, demanda colaboración de los municipios: “estamos en la trinchera, en el ojo del huracán y no tenemos facultades ni siquiera para detener cuando alguien está cometiendo una insubordinación. La gente necesita seguridad, sentirse respaldada, tener a alguien que los esté acompañando, que les dé la sensación de que podemos hacer algo por ellos. Carabineros se hace insuficiente, es imposible que tengamos uniformados para todas las comunas de Chile y el gobierno hoy en vez de darnos facultades, nos resta. Así que fuimos al Senado, a participar en la votación, a dar a conocer nuestro punto de vista, a decir que tenemos que tener más acceso a armas no letales”.
Explicó que -si bien es un tema delicado y complejo- la postura es que “como municipios rurales necesitamos que se el gobierno actual y el parlamento, se comprometan con nosotros, porque somos los que hacemos la pega y los que estamos acá en la trinchera”.
Por su parte, Guillermo Villagra, director de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección del municipio, ante los últimos hechos acontecidos, donde los inspectores de su unidad también fueron amenazados y agredidos recientemente en la feria agrícola dijo que es importante señalar que en la actualidad los inspectores de seguridad pública, no cuentan con la normativa que los respalde o que le entreguen mayores retribuciones.
“Básicamente, se dedican a fiscalizar las ordenanzas municipales, como asimismo, las incivilidades que pueden estar ocurriendo en las respectivas comunas y, por ello, es fundamental la aprobación e implementación de una nueva ley, donde se le entregue mayores atribuciones y podamos ser un real aporte en materia de seguridad. Sobre todo equiparlos de armas no letales para que así no sigan sufriendo agresiones como las que nuestros inspectores experimentaron la última semana”, enfatizó.
Propuestas de los alcaldes de RM en materia de seguridad municipal
- Los alcaldes de la RM plantean permitirles realizar controles de identidad durante fiscalizaciones para identificar a las personas, cursar multas y poner antecedentes a disposición de las autoridades en caso de delitos o faltas.
- Además, proponen que los funcionarios puedan supervisar el cumplimiento de medidas cautelares en todas las causas, siempre que exista un convenio con el OS14.
- Otra medida clave es otorgar la facultad para cursar multas por consumo de alcohol en la vía pública y decomisar sustancias ilegales, eliminando las restricciones del artículo 8.
- También buscan reducir la burocracia en aspectos como capacitación, requisitos de contratación y certificaciones para los municipios.
- En cuanto al reglamento sobre flagrancia, proponen agregar una cláusula que permita al Ministerio de Seguridad determinar qué instrumentos pueden utilizar los funcionarios municipales en la detención de personas que infrinjan la ley.
- Asimismo, desean explicitar en la legislación la autorización para el uso de herramientas como bastón retráctil, gas pimienta, esposas, entre otros elementos.
- Otro punto fundamental que señalan es el financiamiento. Solicitan duplicar los recursos destinados a la Ley de Seguridad Municipal, alcanzando los $10.000.000.000.
- Finalmente, proponen otorgar a los funcionarios municipales la facultad de trasladar a personas detenidas a la comisaría.
