Una serie de graves irregularidades financieras al interior de la Municipalidad de Melipilla fue la conclusión definitiva de un informe de fiscalización de la Contraloría General de la República a las arcas comunales, situación que fue dada a conocer por el actual concejal y candidato a alcalde, Juan González.
Según el personero, el informe Nº737/2020 del 21 de febrero de este año, da a conocer una serie de inconsistencias y actos que ameritan una investigación sumaria de acuerdo a lo señalado por el organismo fiscalizador, por cuanto las denuncias no pueden quedar sin sanción, “ya que se trata de actuaciones reprochables y eventualmente reñidas con la probidad y que dicen relación con el manejo contable y financiero del municipio” indicó.
“Por ejemplo, el informe en una de sus conclusiones, denuncia que la Municipalidad de Melipilla adquirió 3.000 mascarillas desechables a un particular, según consta en la Orden Compra 2674-328-SE20 de fecha 8 de mayo de 2020, por un monto de $ 7.497.000, sin embargo, a la fecha de adquisición el proveedor no contaba con el giro comercial para desarrollar la actividad económica, según da cuenta la página web del Servicio de Impuestos Internos, situación que es de la mayor gravedad entre otras que se denuncian”, comentó González.
Otra de las irregularidades denunciadas, dice relación a la compra de 521 gifcard para la adquisición de calzado de funcionarios por un monto de $52 millones, sin contar con la justificación legal para la entrega y cuyos montos fueron fraccionados lo que está expresamente prohibido en la ley de compras públicas, situación que también está siendo objetada por la Contraloría.
Lo más grave es que el informe también deja en evidencia que la Municipalidad de Melipilla durante el año 2017 sobreestimó el presupuesto de los ingresos por un monto de $ 3.503.749.180 y para los años 2018 y 2019 los subestimó por $ 145.832.040 y $ 1.191.775.735, respectivamente, y en relación a los gastos para los mismos años, sub ejecutó el presupuesto por $ 2.217.260.760, $ 89.903.270 y $ 132.308.939, respectivamente, situaciones que no se avienen con lo establecido en el artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, en relación a que las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también, posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, lo que no aconteció en esta ocasión, toda vez que dicha cuenta de gasto presupuestario no aporta información fidedigna para la toma de decisiones, impidiendo con ello el control eficiente con que se manejan los recursos del municipio, señala la Contraloría.
Juan González apuntó al alcalde Iván Campos como el jefe directo de quienes hoy son cuestionados por el organismo fiscalizador, exigiendo que se materialicen los sumarios pertinentes y se establezcan las responsabilidades y eventuales acciones penales que pudieran derivarse.
Cabe destacar que el informe emitido por la Contraloría general de la República es de carácter público y se encuentra a disposición en el portal web de esa repartición.
