La reciente publicación de la Tasación Fiscal de Vehículos 2026 por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) representa mucho más que una mera actualización de cifras: es una pieza clave para fortalecer la transparencia tributaria, ordenar la recaudación y canalizar recursos hacia proyectos que mejoran la calidad de vida de las comunidades.
Cada año, el SII pone a disposición de la ciudadanía un listado detallado con más de 81.600 tasaciones de vehículos livianos y pesados. Estos valores determinan el monto base del Permiso de Circulación, un tributo que financia directamente bienes y servicios comunales esenciales como alumbrado público, áreas verdes, caminos y programas sociales.
Este proceso, que puede parecer técnico, tiene efectos concretos y positivos. Cuando la tasación refleja con mayor precisión el valor de mercado de los vehículos, se fortalece la equidad tributaria y se actualiza la base imponible de un impuesto que impacta a millones de contribuyentes en todo el país. A su vez, una tasación más ajustada al entorno económico actual permite que los recursos recaudados sean distribuidos de forma justa y eficiente entre las 345 municipalidades de Chile.
Un elemento particularmente destacable de esta actualización es la incorporación de un beneficio para la electromovilidad. Los vehículos eléctricos e híbridos con recarga exterior, fabricados desde 2021 en adelante, pagarán solo un 25 % del impuesto anual por permiso de circulación. Esta medida incentiva la adopción de tecnologías más limpias y eficientes en nuestro parque automotor.
No hay que perder de vista el propósito social detrás de este ejercicio anual de tasación. Los recursos que se generan con el pago del permiso no quedan en abstracto: una parte se queda en el presupuesto comunal que otorga el permiso, y la mayor parte se integra al Fondo Común Municipal, fortaleciendo la capacidad de los gobiernos locales para atender sus prioridades.
En definitiva, la publicación de la Tasación Fiscal de Vehículos 2026 es un ejemplo de cómo una política tributaria bien ejecutada puede ser una herramienta de orden, justicia y desarrollo. No solo actualiza valores, sino que también mejora la transparencia, beneficia a quienes avanzan hacia tecnologías más sostenibles, y garantiza recursos que se traducen en servicios públicos tangibles para la ciudadanía.
