El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, junto al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, dieron a conocer la elaboración de un estudio que tiene como objetivo determinar el perfil de quiénes se dedican al comercio ambulante ilegal. Esto, con el fin de proponer una política que integre actores públicos y privados que aborden este creciente fenómeno. El diagnóstico – acción, que es financiado por el Gobierno Regional por casi $107 millones, lo realizará el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en un plazo de nueve meses.
El 2015 se realizó el último estudio de caracterización del comercio ilegal disponible para la Región Metropolitana, con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por eso se hace necesario una actualización para medir el impacto que tuvo la pandemia, el estallido social y la crisis migratoria, en la configuración de redes criminales que abastece a vendedores callejeros.
Frente a esto, el gobernador Orrego detalló cómo se realizará el análisis. “El estudio se realizará en 20 puntos de la región, donde se entrevistará y encuestará a 1600 personas, entre ellas vendedores ambulantes, compradores y entes fiscalizadores, entre otros. El comercio ilegal no solo afecta al comercio formal, sino que también dificulta el uso del espacio público y el tránsito. Además, afecta la salud pública y la seguridad de las personas”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, sostuvo que “el comercio ambulante ha causado mucho perjuicio al comercio formal, en especial debido al incremento en la delincuencia e inseguridad que se genera alrededor de este fenómeno. Creemos que este estudio que realizaremos es un avance de coordinación en política pública, que nos va a permitir detallar los aspectos fundamentales de las personas que trabajan en los espacios públicos, con la finalidad de generar instancias de formalización para ellos”.
“Este estudio, primero, busca generar una caracterización de las personas que realizan comercio ambulante, para luego entregar recomendaciones de política pública que permitan abordar esta problemática. Esto se verá materializado en la elaboración de un plan integral de coordinación entre todos los actores involucrados, con el fin de lograr la regularización del trabajo de estas personas, o la reconversión laboral”, precisó Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.
En tanto, la delegada presidencial RM, Constanza Martínez, señaló que “agradezco al gobernador Orrego por esta instancia que generará mayor información para construir una política pública que muestre resultados concretos, donde los territorios se van recuperando en función del bien común”.
“La colaboración es clave para luchar contra la delincuencia y el comercio ilegal. Estoy segura que en la medida que todos colaboremos vamos a poder ir ordenando este tema. Está comprobado que gran parte de este comercio ilegal es porque ganan mucho dinero, y hay mafias detrás de quienes venden en la calle”, precisó la edil de Providencia, Evelyn Matthei.
