“Pudimos explicar al Congreso como se configura una injusticia ambiental, en contexto de emergencia climática, y que nuestra propuesta de parque urbano puede revertir esa situación, porque apuesta hacia la absorción de la contaminación y generar espacios de esparcimiento y recreación para la comunidad”, destacó Surimana Pérez, vocera de la Coordinadora Ambiental El Bosque-San Bernardo, tras la exposición que realizaron ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja, instancia en la que explicaron los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente que implica la construcción de la Megaplanta de hormigón premezclado Santiago Sur, de la Empresa Inversiones Orange.
En el mismo sentido, Luis Díaz, co-vocero de la agrupación, subrayó que la planta “no debe instalarse porque está próxima a viviendas sociales y se ubicará en una zona ya saturada de contaminación debido al cordón industrial”.
Agregó que solicitaron cuatro oficios a la comisión: Al Ministerio de Medio Ambiente sobre el alejamiento que tiene la estación de monitoreo del aire respecto de la zona; al Ministerio y Seremi de Salud para que se pronuncie sobre el estudio realizado por el municipio de El Bosque por el grave riesgo a la salud que corren vecinos y menores en enfermedades respiratorias; a la Superintendencia de Medio Ambiente, para su pronunciamiento respecto al fraccionamiento del proyecto al no evaluar el transporte del clinker vía ferrocarril; y a EFE para que entregue información sobre el rol que tendrán en el transporte del clinker.
En tanto, la parlamentaria de Revolución Democrática destacó la audiencia en que la coordinadora tuvo la oportunidad de exponer al respecto, debido a que “la aprobación de esta megaplanta implica un grave riesgo a la salud humana de miles de personas que habitan en las villas circundantes al proyecto en San Bernardo y El Bosque, siendo una zona saturada de contaminación, como lo han comprobado informes de Cesfam municipales”.
Ante estos posibles efectos, la diputada Marcela Sandoval ha enviado durante este año oficios de fiscalización a variados organismos públicos para solicitar información respecto a emisiones de material particulado en la zona de emplazamiento, recabar detalles sobre las vías de entrada de camiones del proyecto, por no cumplir con medidas establecidas, así como la opción de venta o cesión de terrenos adyacentes a la cementera, pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile.
